Perdonen por el bosque de interrogaciones pero, si uno de los objetivos de la liberalización era abaratar precios con la entrada en libre competencia, ¿por qué no se tuvieron en cuenta los complicadísimos trámites y enormes dificultades para la incorporación de nuevos operadores, y se está dejando un periodo de años para que sea Renfe quien ostente el monopolio de facto? ¿Cómo se decide lo que es o no es de “interés general”? ¿Por qué se permitió que AVE y Larga Distancia no tengan consideración de servicio público, si en algunas zonas son la única opción fiable de transporte por ferrocarril? Y, sobre todo, ¿qué hace el Estado para proteger a los consumidores de los abusos cometidos en los servicios que sí están amparados por los poderes públicos, pero siguen dominados con mano de hierro por una única compañía?
Los responsables de Renfe aseguran que la revisión de las tarifas encajan con lo previsto en el contrato-programa fijado con el Estado para garantizar el objetivo de la rentabilidad en el horizonte de 2010. Y aquí al menda, que a escamado no hay merluzo que le gane, esta historia le recuerda más bien a un trato de tinglado para dejar temblando los bolsillos de los ciudadanos, y sacar las castañas del fuego a una empresa pública que concurrirá en condiciones de trato de favor con la futura competencia.
La entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario de 2005, que establece los pasos a seguir para la total privatización del sector, dejó en manos de la entidad pública empresarial Adif la gestión de la red y del tráfico (en un sistema parecido al adoptado en la liberalización del mercado eléctrico), desde un compromiso de responsabilidad social con los ciudadanos.
Al parecer, este compromiso social se traduce en dejar total libertad a las Unidades de Negocio de Ave para hacer y deshacer a su antojo en cuestión de precios y calidad. El compromiso es dar carta blanca a Alta Velocidad para implementar subidas tarifarias superiores del IPC. Y el compromiso es mirar para otro lado cuando se deterioran las prestaciones en otros servicios que, teóricamente, sí son considerados de interés público, como la línea de Ave media distancia Puertollano - Ciudad Real – Madrid (Avant).
El tramo manchego del Ave ha sido inmolado con un rosario de decisiones arbitrarias. En este caso, la Unidad de Negocio de Ave suspendió en agosto, sin razones ni previo aviso que valgan, todas las modalidades de abono (a excepción de la Tarjeta Plus) que durante más de una década han estado funcionando, lo en la práctica ya ha supuesto un incremento de los precios por encima del IPC y el trastorno en la rutina diaria de centenares de trabajadores. Sólo la rápida respuesta y la insistencia del alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, evitó meses después que también los estudiantes que se trasladan diariamente a Ciudad Real perdieran sus abonos a precios especiales... A costa de que será ahora el Ayuntamiento de la ciudad minera el que tenga que hacerse cargo íntegramente de la bonificación del 10 por ciento.
Eso, por no recordar las suspensiones injustificadas del compromiso de puntualidad; la pertinacia de misteriosas huelgas de las que apenas se ofrece información, o la adopción de unos ridículos horarios en periodos vacacionales, más propios de un colegio en verano.
Y hablando de vacaciones... Quiero imaginarme que alguien me echará me menos si la periodicidad de este blog se ve alterada hasta que despidamos a los Reyes Magos. Disculpen si así fuera. Mientras, sean felices, sean prudentes, y excédanse en lo que sus ahorros (y Renfe) se lo permitan.
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1 comentario:
Son unos hayquedecirlomás como la copa de un sequoia.
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