LOTAU y Aeropuerto de Ciudad Real: un precedente peligroso

Que el demonio me lleve si no es pasmoso esto del Aeropuerto de Ciudad Real. Turulato me quedo al ver que en los sembraos surcados antaño por mulas de gañanes abrevan hoy borricas voladoras guiadas por balizas de aproximación. De bien nacidos es descubrirse ante semejante proeza, desearle el mejor de los futuros, y otorgarle un tiempo razonable antes de vaticinar su planchazo. ¡Loor al Aeropuerto Central!, que ha dejado en pañales al mismísimo Clavileño, y con dos palmos de narices a su inventor, el encantador Malambruno, que no pasa de aficionadillo a brujerías y ocultismos comparado con nuestros empresarios de las nubes.

Pero como lo cortés no quita lo valiente, espero que no me cruja el pelo si opino que el proyecto, aunque con buena voluntad, ha sido realizado con más improvisación que agudeza, y con más artimañas que brillantez. La polémica mantenida entre PP y PSOE en torno a la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) bebe de aquellos lodos de indefinición.

Esta bronca es heredera de más de una década de continuos cambios de planteamientos en el aeropuerto: años de improvisación a pie de obra, de embrague y marcha atrás, de incumplimientos medioambientales, bailes de operadores, y hasta de tres bautizos que tuvo el rorro para llamarse, por fin, Central. Doce años no bastaron para evitar episodios tan rocambolescos como la suspensión de la inauguración por no disponer de los permisos de Fomento. Y en doce años no hubo reflejos para apuntalar desde el inicio la que, dicen ahora, es la principal baza de rentabilidad de la infraestructura: la logística y transporte de mercancías.

Pues bien, señorías: en unas horas, y salvo milagro, la Ley quedará modificada para permitir a los dueños del Central que partan y vendan sus parcelas a terceras empresas relacionadas con el sector logístico. Parece un dogma de fe que, de este modo, el aeropuerto nos sacará las castañas del fuego. Y bien pudiera ser así... o no, que los secretos de la astrología y la adivinación ha ya tiempo que se perdieron en los sótanos de la judería toledana.

La realidad es que, antes de la modificación legislativa, el aeropuerto ya funcionaba con el apoyo de todas las administraciones habidas y por haber. Además, como Proyecto de Singular Interés (PSI), contaba con las fórmulas para ceder sus terrenos a las empresas que quisieran instalarse en ellos. El Gobierno insiste, no obstante, en que las dos enmiendas de la LOTAU que afectan a los PSI son vitales para la continuidad del Central. Así, dicen, gana Castilla-La Mancha. Así, digo yo, se cierra un oscuro episodio sin apenas precedentes en la historia de la Democracia regional.

Sin precedentes, porque al menos esas dos enmiendas no partieron de propuestas de Ayuntamientos, ni de recogida de firmas, ni de referéndum, ni de consulta alguna, sino de un grupo de empresarios, afines por demás a José María Barreda, que se permitieron incluso dirigir cartas amenazantes a una formación política con representación parlamentaria. Sin precedentes, porque apenas han pasado cuatro años, que es como decir anteayer, desde la aprobación de aquella Ley. Y sin precedentes, porque nos hallamos ante la modificación de un decreto legislativo atendiendo a la demanda y la exacta medida de un proyecto privado... Como si el resto de empresas, desde las churrerías hasta las fábricas de carcamusas, no tuvieran que cumplir con las leyes que les afectan, no dieran puestos de trabajo y, ya puestos, no se merecieran por méritos propios ser también de singular interés.

Alguna razón tendría el legislador al estipular en su momento que el suelo de los PSI debiera estructurarse en una única finca jurídico-civil, con prohibición expresa de su división y venta. Aquel legislador, que tenía más conchas que un galápago, sostenía que si un PSI disfruta de suculentas prerrogativas fiscales y urbanísticas, amén de las ventajas de expropiación de utilidad pública, abusivo sería que los dueños montaran un negocio lucrativo con el suelo, al margen de su calificación... Y he aquí el quid de la cuestión: ¿Ha obtenido ya la sociedad promotora alguna prebenda fiscal al amparo de su naturaleza de PSI? Si fuera así, ¿a cuánto asciende? ¿Debería ahora devolver la pasta o, por el contrario, su falta pasa a ser legal y santas pascuas? ¿Qué ocurrirá con la diferencia de precio de los terrenos expropiados? Y, en todo caso, ¿la aprobación de las enmiendas implica que la Sociedad seguirá teniendo el mismo trato fiscal, a pesar de los beneficios inmediatos que le reportará la venta del suelo?

Ignoro si la nueva LOTAU permitirá a los promotores ganar los famosos 3.000 millones de euros, que lo dudo, y mucho, dadas las circunstancias del mercado; como desconozco igualmente si toda esta operación resultará a la postre un pelotazo (operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida, RAE dixit). Pero, si no a pelotazo, esto de cambiar la Ley a conveniencia privada sí que huele, de momento, a pelotacillo. Y a mí, por si acaso, que me devuelvan el dinero, oiga.