¿Qué ha salvado, momentáneamente, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel? Todo el mundo parece tenerlo muy claro salvo los gestores políticos. Desde la ministra de Medioambiente, Rosa Aguilar, hasta el consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, pasando por el propio presidente José María Barreda, han coincidido en alguna ocasión en señalar a la política medioambiental de la Junta de Comunidades y al Plan Especial del Alto Guadiana como elementos clave en la recuperación de las Tablas, soslayando las extraordinarias condiciones meteorológicas del último año.
La realidad, no obstante, es que el PEAG apenas ha arrancado, no parece ser tomado en serio por la Administración central, y está huérfano de dotación presupuestaria. En definitiva, tiene aún que demostrarlo todo.
La feliz situación por la que atraviesan las Tablas de Daimiel, encharcadas en la totalidad de su superficie, es motivo de satisfacción, aunque, quizá, no de optimismo. Y es que los problemas endémicos que condujeron al Parque Nacional a la dramática situación en la que se encontraba en 2009 están muy lejos de ser solventados.
Hasta la fecha, las Tablas han sido víctima del cambio climático, pero también del uso fraudulento e indiscriminado de los recursos hídricos del subsuelo tras años de anarquía y desidia ciudadana, así como de la connivencia y dejación de funciones de las administraciones públicas. Aquella pesadilla también fue consecuencia de décadas de costosos trasvases y planes ineficaces.
Ahora, cuando las Tablas de Daimiel se presentan en toda su bella plenitud, ni siquiera el PEAG es garantía de futuro. El fastuoso plan fue anunciado a bombo y platillo por las autoridades regionales y nacionales como el bote salvavidas del patrimonio natural de todos los españoles, y muy especialmente de las Tablas de Daimiel. Para ello, fue avalado por un abrumador presupuesto de más de 5.300 millones de euros en el periodo 2007-2027, el mayor otorgado jamás a un proyecto de recuperación ambiental.
En la actualidad, recién cumplidos tres años desde su puesta en marcha, el PEAG corre el riesgo de ser uno de los mayores fiascos de la historia política medioambiental española, a no ser que las administraciones lo desarrollen plenamente conforme a las expectativas creadas por ellas mismas.
Los problemas crecen
La Junta de Comunidades vendió como panacea un PEAG que tendrá que hacer un sobrehumano esfuerzo para acabar con prácticas agrarias muy arraigadas en la zona, como el abandono de cultivos de regadío insostenibles, la regulación de las explotaciones o la reducción del volumen de extracciones, por no hablar del demencial problema de los pozos ilegales. Aunque el documento es visto sobre el papel con buenos ojos por la mayoría de los agentes implicados, ha habido quien se ha cuestionado su aplicación práctica.
De hecho, algunas voces críticas consideran que el PEAG se ha reducido a una mera continuación del viejo Plan de Recuperación de Humedales por Compensación de Rentas a los Agricultores. Hay que recordar que aquel plan, promovido en 1992, estaba basado en la compensación con cargo a fondos públicos de la supuesta pérdida de renta que los agricultores sufrirían por disminuir sus riegos. En la práctica, los beneficiarios fueron los grandes terratenientes. En diez años, se gastaron unos 36.000 millones de pesetas con unos resultados que se antojan palpablemente desastrosos si echamos la vista atrás y recordamos la situación de los humedales manchegos durante la primera década del siglo XXI.
Ahora tampoco faltan quienes consideran al PEAG un gran fraude, una estafa descomunal: una instrumentalización de fondos comunitarios (el plan responde realmente a la obligatoria aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea) para “comprar votos” mediante la adquisición pública de derechos del agua a los propietarios de la tierra con el teórico fin de redistribuir el líquido elemento y racionalizar su consumo, entre otras circunstancias, merced a la regularización de las nuevas explotaciones que a su vez acudan a la oferta de esos derechos.
La paradoja radica en que, en la práctica, a la venta de derechos se acogen aquellos agricultores que realmente no usan o no necesitan el agua, parte de la cual se derivaría a usos intensivos con el consiguiente aumento en el consumo y un agravamiento de la sobreexplotación de los acuíferos. En este caso, también los grandes beneficiaros económicos serían los grandes propietarios y la patronal agraria… si hubiera dinero público para financiar estas operaciones.
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